En junio, Melody González, una exjueza de Villa Clara, Cuba, quien solicitó asilo político en Estados Unidos tras serle negada la entrada por figurar en una lista de represores, ofreció una entrevista exclusiva a DIARIO DE CUBA. Durante la entrevista, González confesó que el proceso en el que sentenció a cuatro cubanos a penas de cárcel por supuesto atentado fue intervenido por autoridades del Tribunal Provincial y la Seguridad del Estado. Esta revelación motivó al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) a exigir la absolución de los condenados: Andy Gabriel González Fuentes, Adain Barreiro Pérez, Eddy Daniel Rodríguez Milián y Luis Ernesto Medina Pedraza.

Desde el Broward Transitional Center (BTC) en Pompano Beach, Florida, donde está detenida, González habló nuevamente con DIARIO DE CUBA. En esta entrevista, expuso cómo el régimen cubano despoja a los jueces de toda autoridad e independencia y los humilla constantemente.

Subordinación y falta de independencia en el sistema judicial cubano

González confesó que el proceso contra los cuatro jóvenes no fue justo. «Si el OCDH solicitó la revocación de las condenas, solo puedo expresar una cosa, y es mi deseo de que sean libres», afirmó. Explicó que los condenados no tuvieron el debido proceso, las investigaciones preliminares fueron insuficientes y no se dio relevancia a las pruebas propuestas por sus abogados. Además, reconoció que aunque fueran inocentes o culpables, el proceso fue injusto y que esos jóvenes, después de un año en prisión, ya habían pagado las consecuencias.

La exjueza detalló que cada mes, en cada municipio de Cuba, se realizan reuniones conjuntas entre el Tribunal, la Fiscalía y el Ministerio del Interior (MININT). En estas reuniones, se imponen al tribunal las decisiones que debe tomar en cada caso. González describió estas reuniones como espacios viciados donde los jueces son maltratados y cuestionados si imponen sanciones diferentes a las solicitadas por el fiscal o si absuelven a alguien que debía ser sancionado.

González explicó que el Partido Comunista de Cuba participa activamente en el control de los jueces. Mensualmente, debía asistir a la oficina de la secretaria del Partido en su territorio para informar sobre todos los procesos y recibir indicaciones de cómo proceder. La evaluación del desempeño de los jueces se basaba en la información proporcionada por el Partido y el Gobierno del municipio, y González fue criticada repetidamente por no asistir a todas las reuniones del Partido.

Obligaciones y represión fuera del ámbito judicial

Las obligaciones impuestas a los jueces no se limitan a lo judicial. Según González, deben estar dispuestos a emplear la fuerza física para reprimir protestas antigubernamentales, como las del 11 de julio (11J) o cualquier «actividad subversiva». Explicó que cuando se decreta la «Variante 1», todos los mandos del Estado cubano y el Gobierno quedan bajo las órdenes del Partido, y los jueces son movilizados junto con la Fiscalía, a veces incluso vistiendo uniforme militar.

Además, cada centro de trabajo tiene brigadas de respuesta rápida diseñadas para enfrentar cualquier actividad contra el Gobierno, usando la fuerza si es necesario. González reveló que los jueces deben firmar compromisos de enfrentar a cualquier manifestante, gritarles, ofenderles y usar la fuerza si es necesario.

Control en redes sociales y represión administrativa

González también denunció la existencia de una circular del Tribunal Supremo que establece que todas las actividades judiciales deben ser publicadas en las cuentas personales de redes sociales de los jueces. A los jueces con responsabilidades administrativas se les proporciona una línea de móvil estatal con 900 MB para estas publicaciones, que son revisadas y aprobadas por el Tribunal Provincial.

Cada órgano judicial debe tener un plan de divulgación trimestral, evaluado por el Consejo de Gobierno y la presidencia del Tribunal Provincial. Si los jueces no cumplen adecuadamente con este plan, son sometidos a análisis críticos que pueden llevar a medidas disciplinarias severas, incluyendo la amonestación o la apertura de expedientes de corrección disciplinaria.

La situación insostenible de los jueces en Cuba

González describió la precariedad en la que trabajan los jueces en Cuba, sin los recursos mínimos necesarios como computadoras, impresoras, papel y ventiladores. Relató que tuvo que realizar juicios escribiendo a mano en hojas desechables, y a pesar de estas condiciones, se les exige tramitar todos los procesos y que todas las decisiones sean autorizadas por superiores.

La exjueza también reveló que, debido a la situación económica insostenible y la falta de estímulos, muchos jueces están abandonando sus puestos. Cuando González dejó su cargo, la plantilla de jueces en Villa Clara estaba al 40% y disminuyendo, con expedientes sin tramitar por más de seis meses y personas en prisión provisional.

Amenazas y falta de protección

González decidió renunciar a su puesto debido a la falta de protección y las amenazas que recibió tras sentenciar a un hombre a prisión por agresión. A pesar de reportar las amenazas a las autoridades, no recibió ninguna protección y continuó siendo amenazada incluso después de que el agresor fue liberado.

Ley contra la vagancia y el uso del delito de desobediencia

La exjueza advirtió que el régimen cubano está preparando una ley contra la vagancia, a pesar de la eliminación del «estado de peligrosidad» en el Código Penal y la Ley de Proceso Penal. Explicó que las autoridades ya están utilizando el delito de desobediencia para procesar a quienes no trabajan, requiriendo solo dos actas de advertencia y una denuncia sin necesidad de testigos ni otras pruebas.

El arrepentimiento y las consecuencias de desnudar al sistema

González expresó su arrepentimiento por sus errores y su participación en un sistema opresivo. Confesó que, si tuviera otra oportunidad, habría actuado de manera diferente y no se habría dejado oprimir por el régimen cubano. Está consciente de que sus revelaciones pueden traerle consecuencias graves si es deportada a Cuba, pero mantiene la esperanza de recibir asilo político en Estados Unidos y reunirse con su esposo, también detenido en otro centro.

González espera que su testimonio sirva de advertencia e incentivo para los jueces jóvenes en Cuba, instándolos a retractarse antes de sufrir las consecuencias que ella ha enfrentado. Su denuncia expone las profundas fallas y la falta de independencia del sistema judicial cubano, controlado y manipulado por el régimen para mantener su poder y reprimir cualquier disidencia.