La reciente escalada de represión por parte del gobierno cubano contra activistas y familiares de presos políticos es profundamente condenable. La serie de detenciones arbitrarias, cortes de servicios de comunicación y operativos de vigilancia refleja un intento sistemático de silenciar la disidencia y coartar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

José Elías González Agüero, coordinador del Partido Unión por Cuba Libre, experimentó cortes en su servicio de internet y telefonía, demostrando un claro intento de aislarlo y limitar su capacidad de comunicación. Esta táctica, aplicada también a otros activistas, busca desmantelar la red de apoyo y coordinación entre ellos.

María Elena Mir Marrero, activista sitiada en su vivienda bajo amenaza de detención si sale, y Fernando Vázquez, detenido y vigilado constantemente, son ejemplos de la intimidación a la que se enfrentan los opositores. Las amenazas de prisión y las restricciones de movimiento impuestas a Julio César Álvarez Marrero en Holguín, muestran el uso del sistema legal como herramienta de represión.

Las Damas de Blanco y periodistas como Yunia Figueredo y Camila Acosta también han sido objetivos de vigilancia intensiva, impidiéndoles ejercer su labor informativa y de protesta. Este patrón de hostigamiento se extiende a familiares de presos políticos, como Marta Perdomo, Greisy Oliva, Jorge Martín, y Liset Fonseca, quienes sufren una vigilancia constante.

El uso de recursos estatales para mantener la vigilancia sobre activistas como Osvaldo Navarro, Marthadela Tamayo, y Manuel Cuesta Morúa, junto con la presencia de tres carros de policía alrededor de la casa de Ismael Boris Reñí, esposo de la activista Aymara, es un claro indicativo de la prioridad que el régimen otorga a la supresión de la disidencia.

La comunidad internacional debe denunciar estas violaciones a los derechos humanos y exigir el cese inmediato de la represión en Cuba. Es imperativo que se proteja la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de todos los ciudadanos cubanos, y que se responsabilice al gobierno cubano por sus acciones represivas.

Llamado a la Acción

Instamos a organizaciones de derechos humanos y gobiernos democráticos a condenar enérgicamente estas prácticas y a implementar medidas de presión para garantizar el respeto a los derechos humanos en Cuba. Es crucial mantener la vigilancia y apoyo a los activistas cubanos que, a pesar de la represión, continúan luchando por un país libre y democrático.

Detenciones y Cortes de Servicios

• José Elías González Agüero: Coordinador del Partido Unión por Cuba Libre, sufrió cortes en internet y telefonía.
• Julio César Álvarez Marrero: Detenido en Holguín, recibió un acta de advertencia y fue amenazado con prisión.
• Leticia Ramos: Dama de Blanco, detenida y liberada después de tres horas en Cárdenas.

Operativos de Vigilancia

• María Elena Mir Marrero: Obligada a no salir de su casa bajo amenaza de detención.
• Fernando Vázquez: Detenido al salir de su vivienda, con vigilancia continua.
• Carlos Milanés y Pedro Quiala: Vigilados en sus viviendas.
• Yunia Figueredo: Periodista sitiada en su casa.
• Camila Acosta: Periodista, sitiada para impedirle salir a la calle.
• María Cristina Labrada y Marieta Martínez Aguilera: Damas de Blanco, vigiladas en sus viviendas.
• Raúl González: Vigilado por la PNR y Seguridad del Estado.
• Activistas del MONR: Nancy Quiñones, Maritza Concepción Sarmiento, Lázaro Antonio Pérez González, Zenaida Licea Rodríguez, vigilados.
• Familiares de prisioneros del 11J: Marta Perdomo, Greisy Oliva, Jorge Martín, y Liset Fonseca, bajo vigilancia.
• Ismael Boris Reñí: Tres carros de policía rodean su casa.
• Osvaldo Navarro, Marthadela Tamayo, Manuel Cuesta Morúa: Vigilados y sin servicio de internet desde el 11J.
• Wilber Aguilar: Impedido de salir de su casa.
• Lucinda González Gómez: Bajo vigilancia de la policía y la Seguridad del Estado.