En el grupo de Facebook «Chivatos en Isla de Pinos» se ha realizado una denuncia detallada y alarmante contra Wilmer Arniel Martinez Góngora. Según la publicación, Martínez Góngora, nacido el 31 de enero de 1977 en Las Tunas, Puerto Padre, emigró en su adolescencia a Isla de Pinos, específicamente al reparto Delio Chacón, donde ya residían familiares, incluido su padre Arniel Martínez.

La denuncia narra cómo Wilmer realizó estudios en un politécnico antes de cumplir con el servicio militar, donde fue asignado a la prisión El Guayabo. A lo largo de los años, acumuló experiencia en roles represivos dentro de la prisión, optando eventualmente por cursos que lo llevaron a convertirse en reeducador de varias naves de reos. En esta posición, se le acusa de haberse destacado en la implementación de torturas físicas y psicológicas, lo que lo llevó a ser captado por la Seguridad del Estado.

El relato incluye un grave incidente ocurrido el 31 de diciembre, cuando Wilmer, en estado de ebriedad y conduciendo un ciclomotor a alta velocidad por la carretera La Caoba, atropelló a una señora, causándole lesiones permanentes. En lugar de enfrentar consecuencias legales, fue trasladado a Ciudad Habana, presuntamente para evadir la responsabilidad por el accidente.

La denuncia continúa detallando su retorno a Isla de Pinos, donde reanudó sus actividades represivas. Con años de experiencia y una mentalidad abusiva, se le acusa de ser un actor principal en la coacción, chantaje, detenciones arbitrarias, torturas y amenazas contra opositores políticos. En particular, se menciona su papel en las operaciones dirigidas contra Lizandra Góngora, una presa política en la prisión de mujeres El Colono, donde junto a otros funcionarios, habría hecho la vida imposible a Góngora.

El grupo «Chivatos en Isla de Pinos» ha presentado evidencias en forma de videos y fotos que supuestamente documentan las acciones represivas de Wilmer Arniel Martinez Góngora. En la denuncia se advierte que los responsables se enfrentarán a tribunales por delitos y complicidad en violaciones de derechos humanos, incluyendo abusos físicos y psicológicos a menores de edad y adultos, subrayando que estos delitos no están prescritos.

Además, se ha indicado la intención de notificar al Departamento de Inmigración y al FBI en Estados Unidos para impedir que personas implicadas en estos abusos puedan ingresar al país, utilizando la emigración como forma de escapar de la justicia.

Esta denuncia es un recordatorio contundente de las acusaciones serias y graves que pueden surgir en las plataformas de redes sociales, donde los ciudadanos buscan justicia y responsabilidad. Todas estas personas son las responsables de que en Cuba exista aún una dictadura, si no fuera por estos cómplices la tiranía no estaría en el poder.