La Habana, 27 de junio de 2024

En un esfuerzo reciente por corregir distorsiones económicas y controlar la inflación, la dictadura cubana ha introducido una nueva regulación que limita las ganancias en contratos entre el sector estatal y el sector no estatal. Según la Resolución No. 209, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria No. 57, las entidades estatales deberán negociar precios y tarifas con una tasa de utilidad máxima del treinta por ciento (30%) sobre el total de costos y gastos.

La norma, que entrará en vigor el 1º de julio de 2024, también otorga a los consejos provinciales y municipales la facultad de aprobar los precios y tarifas máximas para ciertos bienes y servicios, ajustándolos a las realidades económicas locales.

Sin embargo, la implementación de esta medida ha generado escepticismo entre la población y algunos analistas, quienes señalan la persistencia de la corrupción como un obstáculo significativo. «Otra medida que no se cumplirá, mucha corrupción empezando por la dictadura y el estado», comentan ciudadanos en las redes sociales, reflejando una desconfianza generalizada en la capacidad del régimen para aplicar efectivamente estas regulaciones.

Más allá de la corrupción, muchas voces críticas describen al régimen cubano no como un gobierno legítimo, sino como una «dictadura mafiosa». Esta percepción profundiza la desconfianza y el escepticismo respecto a cualquier nueva regulación que provenga de las autoridades. Los críticos argumentan que la estructura del poder en Cuba facilita y perpetúa prácticas corruptas a todos los niveles, socavando cualquier intento de reforma económica real.

La corrupción ha sido un problema persistente en Cuba, con múltiples informes y denuncias sobre prácticas corruptas tanto en la dictadura como en el sector estatal. Esta percepción de corrupción, junto con la caracterización del régimen como dictatorial y mafioso, alimenta la desconfianza pública en las nuevas políticas económicas, a pesar de sus objetivos ostensibles de transparencia y eficiencia.

El régimen cubano sostiene que esta regulación es parte de un conjunto más amplio de reformas destinadas a revitalizar la economía y proteger los intereses del sector estatal. No obstante, para que estas medidas tengan éxito, será crucial abordar las preocupaciones sobre la corrupción y garantizar una aplicación rigurosa y equitativa de las nuevas reglas.

Mientras tanto, la comunidad cubana observa de cerca, con la esperanza de que estas iniciativas puedan ofrecer una mejora tangible en la economía del país, aunque con un escepticismo prudente basado en experiencias pasadas.