Guantánamo, Cuba – En un escándalo que subraya la profunda corrupción sistémica bajo el régimen dictatorial cubano, fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) han revelado una red de delitos y corrupción administrativa en la Empresa Municipal de Gastronomía de Guantánamo. Un reporte de la televisión cubana detalló que la investigación sobre una cadena delictiva descubrió la extracción de más de siete millones de pesos en productos que nunca llegaron a su destino final.

El instructor penal Juan Martínez Martínez informó que la complejidad del caso se debe en gran medida al elevado número de personas implicadas y a la cantidad de empresas involucradas. La investigación desveló que las conciliaciones entre las partes, una práctica común en la economía empresarial, se efectuaban con pleno conocimiento de que las facturas presentadas eran fraudulentas. Los productos, que se suponía debían ser entregados a la empresa de gastronomía, eran desviados mientras la empresa cliente pagaba por mercancías que nunca recibía.

Entre los productos desfalcados se encuentran ron, cerveza, pollo y salchichas, entre otros. Este esquema de corrupción ha llevado a la total descapitalización de la empresa y su eventual extinción, afectando gravemente a todos sus trabajadores.

«Uno de los elementos que le infringe mayor complejidad a este caso es el número de personas que obraron como imputados en este caso y la cantidad de empresas», declaró Martínez Martínez. Los responsables de estos actos, que incluyen la falsificación de controles y documentación primaria, están ahora sujetos a proceso penal.

Sin embargo, este incidente no es una excepción en la Cuba actual, donde la corrupción y la malversación son rampantes en todas las esferas del gobierno y las instituciones estatales. Bajo un régimen totalitario, el Minint y otros organismos del estado, que supuestamente deberían garantizar la ley y el orden, son frecuentemente señalados como los principales perpetradores de la corrupción.

El Código Penal cubano prevé sanciones de hasta 20 años de privación de libertad para actos de malversación con alto costo social, pero la aplicación de estas leyes es altamente selectiva y suele proteger a los funcionarios del régimen.

Este escándalo de corrupción no solo destaca las fallas en los sistemas de control y gestión de las empresas estatales, sino que también pone en evidencia la complicidad de las autoridades en perpetuar un sistema corrupto y opresivo. La necesidad de reformas y una mayor transparencia es evidente, pero bajo el régimen actual, la verdadera justicia y rendición de cuentas parecen inalcanzables.