La Habana, Cuba — El informe sobre Tráfico de Personas 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos ha mantenido a Cuba en el nivel 3, el más bajo, por no cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no hacer esfuerzos significativos en esta dirección. Este informe critica duramente las «tácticas engañosas y coercitivas» empleadas por el gobierno cubano contra profesionales en misiones en el extranjero, calificándolas de trabajo forzoso.

Durante el periodo evaluado, del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024, el Departamento de Estado identificó una política gubernamental para beneficiarse del trabajo forzoso a través del programa de exportación de mano de obra, que incluye las misiones médicas en el extranjero. El informe señala que el gobierno cubano «continuó desplegando trabajadores cubanos afiliados al gobierno en países extranjeros utilizando tácticas engañosas y coercitivas».

Según el informe, en la mayoría de los casos, el gobierno cubano retuvo una cantidad significativa de los salarios de los trabajadores, confiscó sus pasaportes y credenciales profesionales, los sometió a vigilancia y estrictos toques de queda, y no informó sistemáticamente a los participantes sobre los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro.

El documento también revela que “el gobierno cubano no abordó los delitos de trata a pesar de un número creciente de acusaciones de sobrevivientes, ONG creíbles, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en la facilitación de graves abusos contra los derechos humanos y el trabajo forzoso”.

El informe añade que “el gobierno cubano amenazó, coaccionó y castigó a trabajadores, incluidos profesionales médicos, y a sus familiares si los participantes abandonaban el programa”. Además, según fuentes oficiales, el gobierno supuestamente identificó una red de tráfico involucrada en el reclutamiento fraudulento de hombres cubanos obligados a luchar en Ucrania en nombre de las fuerzas militares rusas. Aunque el gobierno arrestó a 17 personas, no proporcionó detalles adicionales, lo que deja dudas sobre la posible complicidad oficial cubana en este reclutamiento.

El informe también menciona que las ONG organizadas y controladas por el gobierno o el Partido Comunista, como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Comisión de Prevención y Asistencia Social y los Comités de Defensa de la Revolución, podrían identificar y remitir a las víctimas de la trata a las autoridades estatales y brindarles algunos servicios, incluidos tratamiento psicológico, atención médica, capacitación y asistencia para encontrar empleo. Sin embargo, estos servicios a menudo están politizados y no están disponibles para personas que el gobierno o el Partido Comunista consideran subversivas.

El Departamento de Estado hace varias recomendaciones, entre ellas:

• Garantizar que los programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno cumplan con las normas laborales internacionales.
• Asegurar que los participantes reciban salarios justos y controlen sus cuentas bancarias.
• Conservar sus pasaportes, contratos y credenciales profesionales, y garantizar un ambiente de trabajo libre de violencia, acoso y vigilancia arbitraria.
• Investigar y procesar vigorosamente los delitos de trata sexual y laboral y condenar a los traficantes.
• Implementar políticas y procedimientos formales para identificar a las víctimas de la trata y capacitarlas en su uso.
• Permitir que una comisión internacional independiente supervise el programa de exportación de mano de obra patrocinado por el gobierno.
• Revisar el artículo 363.1 del Código Penal para eliminar el requisito de probar fuerza, fraude o coacción en los delitos de trata sexual de niños.

Estas recomendaciones buscan presionar a la dictadura cubana para que adopte medidas más efectivas y respetuosas de los derechos humanos en la gestión de sus programas laborales y en la lucha contra el tráfico de personas.

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