Holguín, Cuba – Una madre en Holguín ha reanudado su lucha por la tranquilidad de su hija y su familia, ocho meses después de que su hija de 15 años fuera presuntamente abusada sexualmente por el subdirector docente de la escuela Panchito Gómez, ubicada en Vista Alegre.

El 7 de diciembre de 2023, la madre descubrió que su hija había sido abusada sexualmente por el subdirector de la escuela, donde cursaba el décimo grado. El acusado fue detenido ese mismo día, pero fue liberado tres días después por «falta de pruebas». Con la llegada de las festividades de fin de año, el proceso se detuvo.

En enero, la madre retomó el caso, frustrada por la lentitud del proceso. Hizo público el caso y escribió a la Presidencia, al Ministerio de Justicia y otras instituciones. Aunque el caso se reabrió lentamente, la solicitud de la abogada de la familia para prisión provisional fue negada inicialmente. Desde el inicio del proceso, el expediente ha pasado por tres fiscales diferentes.

El acusado había trabajado anteriormente en otra escuela, donde fue removido por la queja de una madre debido a un comportamiento inapropiado con su hija. En septiembre, comenzó a trabajar en la escuela Panchito Gómez, donde presuntamente comenzó a acosar a la hija de la denunciante.

La abogada de la familia presentó un recurso de queja, alegando que la menor no tenía la capacidad mental suficiente para tomar decisiones y que temía encontrarse con el acusado. También solicitó un peritaje psicológico y psicopedagógico para la niña. Medicina Legal dictaminó, siete días después de la violación, que había evidencia de desgarros no recientes, lo que corroboró la agresión.

Después de una intensa lucha y la presión pública, el fiscal aprobó la prisión provisional y el 4 de marzo el acusado fue llevado a prisión. Sin embargo, tras un mes, su abogado solicitó la libertad bajo fianza, argumentando que las afirmaciones sobre la capacidad mental de la niña eran falsas.

El 24 de abril, la menor fue sometida a un peritaje médico en el pediátrico, con la presencia de más de cinco especialistas de una comisión provincial legal. Aunque la niña había sido atendida por varios psicólogos y psiquiatras desde los cinco años sin un diagnóstico de retraso mental, el peritaje concluyó que presentaba una capacidad mental al límite y reducida.

El diagnóstico final, emitido el 30 de mayo, determinó que la menor tenía una capacidad intelectual límite (C-75), con dificultades en la comunicación, dependencia, vulnerabilidad ante el entorno, y una edad mental por debajo de la cronológica. La niña también fue descrita como ansiosa, inmadura, con un umbral del dolor alto, y con tendencias obsesivo-compulsivas.

La madre sigue luchando por justicia, afirmando que el acusado sigue libre mientras su familia vive en constante miedo e inseguridad. «Quiero seguir pensando que vivo en un país que hace justicia ante lo mal hecho y que no se deja extorsionar», expresó, preocupada por la posibilidad de que el proceso sea viciado debido a posibles conexiones del acusado con la seguridad del Estado.

El caso sigue sin resolverse completamente, y la madre continúa su batalla, esperando que el agresor pague por sus acciones y que su familia pueda encontrar la paz.