El Departamento de Estado de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para combatir la migración irregular a través de Nicaragua, anunciando la imposición de restricciones de visado a un ejecutivo de una empresa de vuelos chárter que facilitaba el tránsito de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos. La identidad del ejecutivo y el nombre de la empresa no fueron revelados en esta ocasión.
Según un reporte de CNN, el funcionario en cuestión había estado facilitando la migración irregular hacia Estados Unidos a través de Nicaragua. Funcionarios norteamericanos informaron que el dictador nicaragüense Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo estaban obteniendo beneficios financieros a partir de la «explotación de migrantes vulnerables».
Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, subrayó que estas medidas están dirigidas a responsabilizar a aquellos que lucran con la migración irregular. “Nadie debería sacar provecho de los migrantes vulnerables, ni los contrabandistas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos”, afirmó.
La ruta migratoria Cuba-Nicaragua, establecida por la isla utilizando vuelos hacia Nicaragua, ha sido motivo de creciente preocupación para el gobierno estadounidense. En noviembre de 2023, Estados Unidos reiteró su inquietud por esta vía, la cual se ha convertido en un corredor propicio para el contrabando, facilitando el mayor éxodo migratorio desde la isla hacia Estados Unidos, con más de 400 mil inmigrantes hasta esa fecha.
El corredor migratorio se originó a partir de la exención de visados acordada entre los gobiernos de Cuba y Nicaragua en noviembre de 2021, una medida que ha generado alarma en Washington. Brian Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, ya había expresado su preocupación por el incremento de los vuelos a Nicaragua, advirtiendo sobre «posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular».
En respuesta a la creciente presión y las sanciones anunciadas, la aerolínea Air Century, con sede en República Dominicana, decidió suspender sus vuelos entre Cuba y Nicaragua. Esta decisión es un reflejo del impacto de las políticas estadounidenses en la dinámica de migración regional y la implementación de medidas estrictas para disuadir el flujo de migrantes irregulares.
Las acciones del Departamento de Estado son parte de una estrategia más amplia para abordar las complejidades de la migración en la región, responsabilizando a aquellos que se benefician del sufrimiento de los migrantes y buscando frenar el flujo irregular hacia su frontera sur.







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