Mientras el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología advierte sobre una temporada ciclónica potencialmente devastadora en el Atlántico Norte, los cubanos enfrentan una realidad desalentadora: la despreocupación del régimen por el bienestar y la seguridad de sus pobladores, especialmente aquellos cuyas viviendas siguen afectadas por eventos meteorológicos anteriores.

En un país donde la vivienda es una necesidad básica y un derecho fundamental, la situación es alarmante. Años de negligencia estatal, escasez de recursos y una economía debilitada han dejado a miles de familias cubanas en condiciones de vida precarias y peligrosas.

Las consecuencias de esta crisis habitacional se hacen aún más evidentes en el contexto de la próxima temporada ciclónica, donde la amenaza de ciclones y tormentas tropicales pone en riesgo no solo la integridad física de las personas, sino también sus hogares y pertenencias.

Desde el devastador paso del huracán Irma en 2017, que dejó a su paso una estela de destrucción y desolación, numerosas viviendas permanecen en ruinas o con graves daños estructurales. A pesar de las promesas gubernamentales de reconstrucción y ayuda, muchas de estas familias continúan viviendo en condiciones deplorables, expuestas a los elementos y sin acceso a los servicios básicos.

La falta de acción por parte del régimen cubano ante esta crisis habitacional es evidente y preocupante. Mientras tanto, los líderes políticos disfrutan de lujos y privilegios, desconectados de la realidad cotidiana de aquellos que luchan por sobrevivir en viviendas inseguras y deterioradas.

Esta negligencia estatal no solo es una muestra de indiferencia hacia las necesidades más básicas de la población, sino también un reflejo de un sistema político que prioriza el control sobre el bienestar de sus ciudadanos.